Los resultados sugieren que, en general, la población no comprende qué miden las clases EPC ni los atributos arquitectónicos subyacentes. Una parte de los profesionales inmobiliarios también confunde el cometido de las clases energéticas y las asimila a indicadores de confort o calidad residencial. En cambio, cuando las personas son informadas claramente sobre qué es la eficiencia energética, los atributos arquitectónicos subyacentes y las repercusiones financieras y ambientales en unidades comprensibles, dicen que están dispuestas a pagar más por viviendas eficientes, al menos, la misma cantidad que supone el ahorro energético, y dan más importancia a la eficiencia en relación con otros atributos. Según los profesionales, hay, también, una apreciación generalizada sobre la banalización de las clases EPC, ya que se asimilan a un mero trámite. Incluso, se señalan posibles negligencias a la hora de elaborarlas, así como el incumplimiento de incluirlas en la publicidad inmobiliaria. Asimismo, se indica que su bajo coste induce a una evaluación energética sucinta, en algunos casos, incluso sin visitar la vivienda.
Por su parte, los modelos econométricos sugieren una correlación positiva entre las diferentes clases EPC y los precios residenciales, aunque moderada en relación con otros países de la UE. Sin embargo, esta incidencia no es homogénea: parece que es mayor en ciudades con escasas viviendas muy eficientes e, incluso, invertida en ciudades donde no se puede supervisar de manera rigurosa la publicitación. Es decir, hay un mayor aumento de precios. También se ha observado que en viviendas más ineficientes en barrios de menor renta el impacto económico es muy alto; en cambio, en viviendas nuevas con atributos de calidad arquitectónica, tales como equipamientos, buenas calidades…, es nulo. Esto sugiere que hay una comprensión equivocada de las clases EPC: en ausencia de atributos de calidad, adoptan un papel incorrecto en la diferenciación inmobiliaria. Así, indirectamente, esta política ambiental está expandiendo la brecha entre los hogares con niveles de renta extremos, ya que los más necesitados no tienen posibilidades reales de mejorar la eficiencia energética de sus viviendas.
Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, convocatoria de 2015.