IA para calcular en tres minutos el balance de CO2 de las fincas rurales

La medición del carbono es un reto cada vez más relevante para el sector agroforestal. Agricultores, propietarios rurales y gestores forestales necesitan herramientas fiables, accesibles y ágiles para conocer el impacto climático de sus fincas, identificar oportunidades de mejora y, potencialmente, avanzar hacia procesos de certificación vinculados a los mercados voluntarios de carbono. Hasta ahora, este tipo de análisis podía requerir procesos complejos, datos técnicos difíciles de obtener y plazos largos.

Como respuesta a este reto, se ha creado un software disponible para teléfonos móviles y ordenadores que simplifica el cálculo del balance de CO₂. El usuario solo tiene que seleccionar digitalmente la finca mediante un sistema de geolocalización e introducir algunos datos básicos sobre las características del suelo y del cultivo, como el porcentaje de arcilla, la presencia de estiércol, el tipo de cultivo u otros parámetros biológicos y agronómicos. A partir de esta información, el sistema estima la diferencia entre el CO₂ que la finca emite y el que es capaz de absorber.

La solución combina datos de satélite multiespectrales —incluyendo bandas visibles, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta y ultravioleta— con bases de datos climáticas e información histórica procedente de 900 torres de flujo de carbono de todo el mundo. Estas torres miden sobre el terreno los intercambios de CO₂, vapor de agua y energía entre la superficie y la atmósfera mediante técnicas como la eddy covariance. Con este conjunto de datos, el sistema entrena modelos de machine learning capaces de estimar los flujos de carbono en fincas agrícolas y forestales de distintas localizaciones.

Además del balance mensual de CO₂, el software puede generar gráficos de la evolución anual y proyecciones a corto y largo plazo. También proporciona información sobre variables del suelo, como la materia orgánica, la humedad superficial, la textura o la composición mineral, a partir de la lectura de la firma espectral del terreno. Esta información puede ser útil tanto para propietarios y agricultores como para profesionales de la edafología, la gestión ambiental y la planificación agroforestal.

Con esta aplicación, única en el mundo, agricultores y propietarios de fincas rurales disponen de una herramienta objetiva que les permite certificar la capacidad de absorción de CO₂ de sus tierras y acceder al mercado internacional de emisiones. De este modo, pueden beneficiarse del mercado de créditos de carbono, ya que tienen la posibilidad de verificar, mediante un organismo independiente, las toneladas de CO₂ que su finca absorbe anualmente.

A partir de esta certificación, se emite un valor en créditos de carbono correspondiente a la capacidad de absorción de la finca durante un año. Estos créditos se inscriben en un registro internacional y pasan a formar parte del mercado de créditos de carbono, donde empresas y otras entidades pueden adquirirlos a precios que podrían situarse entre los 40 y los 100 euros por tonelada anual de CO₂.

Así, los propietarios pueden obtener una nueva fuente de ingresos que complementa la producción de sus explotaciones agrícolas y contribuye a hacer la finca más rentable. Este incentivo económico puede convertirse, además, en una herramienta clave para reforzar la actividad en el mundo rural y ayudar a frenar su despoblación, especialmente entre las generaciones más jóvenes. De este modo, el proyecto contribuye a reforzar la competitividad del sector agroforestal y a impulsar nuevos modelos de gestión rural más sostenibles.

La aportación del grupo CATMech se centra en el desarrollo del sistema de cálculo y en la integración de modelos basados en datos para transformar información compleja en resultados útiles, comprensibles y aplicables para los usuarios finales.

Presupuesto y financiación

El proyecto se enmarca en Agrixels, el espacio de datos en el ámbito Agrotech, y UPCxels, el espacio de datos de la UPC, liderado por IDEAI-UPC. Ha recibido un presupuesto de 150.000 €, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (Gobierno de España), y tiene una duración de 6 meses (enero de 2025 - junio de 2026).